La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México. También lo es la evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, concluyó el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Juan Méndez, en su informe sobre la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo pasado.
“La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad […]. Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”, dice el Diario Español El País.
El representante de la ONU pidió poner fin al uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exigió la eliminación del arraigo. Esta práctica, dijo, viola la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. “De más de 8 mil personas arraigadas desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena”, refirió en el informe que a decir de El País aún es susceptible de modificaciones.
Mendez dijo que la tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y con objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. “Las víctimas suelen proceder de sectores pobres o marginales”.
De acuerdo las denuncias contenidas en el informe los captores, vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan de los motivos de la captura.
El pasado 13 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió México, los días 2 y 3 de este mes. El Comité refirió que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes.
Cuantas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales “podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, concluyó.
Esta semana, Amnistía Internacional presentó su informe sobre 2014 donde dijo que la impunidad continúa siendo la norma en los casos de desapariciones forzadas en México, pese a que en 2014 se desconocía el paradero de más de
22 mil 600 personas, entre ellas los 43 estudiantes cuyo rastro se perdió en Iguala.
La organización defensora de los derechos humanos denunció que los secuestros y las desapariciones forzadas fueron “abundantes” en México y que “la impunidad seguía siendo la norma”, hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.
Amnistía también señaló que las autoridades reconocieron en agosto que había 22 mil 611 personas desaparecidas (a 9 mil 790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno y a las 12 mil 821 restantes en el mandato de Felipe Calderón, de 2006-2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan “por lo general infructuosas”.
Sé parte de la conversación