Sobre el video de tortura que circuló en redes sociales donde se ve a agentes federales torturando a una joven mujer, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) dijo que aunque el Secretario de la Defensa de México “actuó correctamente” al ofrecer disculpas, el gobierno debe reconocer que los abusos de este tipo tienen “carácter generalizado” y debería por tanto, asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
“Si bien el Gral. Cienfuegos pidió a todos los miembros del Ejército que respetaran los derechos humanos, también insistió en que se trató de un incidente ‘aislado’ y que los ‘malos integrantes’ de las fuerzas armadas ‘empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar’”, dice el comunicado de HRW.
Al respecto, Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW dijo que “el Secretario de la Defensa hizo lo correcto al ofrecer disculpas por el episodio de tortura, pero restó valor a su mensaje al insistir en que se trató de un incidente aislado cuando en realidad se trata de un problema mucho más amplio” y agregó que “los soldados podrían fácilmente interpretar que el verdadero error no fue haber cometido el abuso, sino haber sido grabados mientras lo hacían”.
“La tortura representa un problema crónico en México, donde es practicada por miembros de las fuerzas armadas y policías a nivel federal, estatal y municipal”, dice la organización internacional Human Rights Watch, la cual ha documentado varios casos de tortura en los últimos años, que incluyen golpizas, asfixia con bolsas plásticas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.
HRW retoma las declaraciones hechas por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, cuando indicó en un informe publicado en marzo de 2015 que la “tortura es generalizada” en México. Concluyó que la tortura se aplica particularmente mientras las víctimas se encuentran detenidas arbitrariamente, y a menudo incomunicadas, en bases militares u otros centros de detención ilegal, antes de ser llevadas ante una autoridad judicial. Según el Relator Especial, todavía hay ocasiones en las cuales los jueces aceptan pruebas que se obtuvieron mediante tortura, a pesar de la prohibición constitucional contra este tipo de pruebas.
En el caso de la mujer que fue torturada en Guerrero, el General Cienfuegos manifestó que los soldados están siendo investigados por la justicia militar en relación con delitos del orden militar, y que la justicia penal ordinaria está investigando los “delitos cometidos contra civiles”. La investigación penal impulsada por la justicia penal ordinaria alcanza además a los policías federales presuntamente implicados en el hecho, según trascendió en medios de noticias. La Procuraduría General de la República ha emitido órdenes de detención contra tres policías federales, dos de los cuales ya han sido detenidos, según la prensa mexicana.
“Si México pretende conseguir avances en la erradicación de la tortura, tendrá que reconocer primero la magnitud del problema”, sostuvo Wilkinson. “Todos los señalamientos de tortura, y no solo aquellos que se reproducen en las redes sociales, deben ser investigados exhaustivamente”.
Con información de Regenración
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