Laura Beristain acusó Feliciano Flores Anguiano de expedir la Ley General de Aguas que permite concesiones hasta por 30 años a empresas privadas
La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados anunció que el pasado 2 de diciembre se aprobaría un dictamen de una ley reglamentaria del artículo 40 de la Constitución en materia de derecho humano al agua, por lo que la Ley de Aguas Nacional continuará en vigor, ante la falta de consenso para avalar una ley general de aguas.
Al no lograr un acuerdo para un proyecto de dictamen sobre cuatro iniciativas, entre ellas una ciudadana, de una ley general, la comisión optó por solo cumplir con la obligación de regular el redicho humano al agua.
De acuerdo con Feliciano Flores Anguiano de Morena, presidente de la comisión, con la ley reglamentaria se pretende garantizar el derecho a agua suficiente para las necesidades básicas de la población.
A pesar de la aprobación de dicha ley siguen existiendo divergencias ancladas a dos visiones opuestas, la primera está comprendida en el artículo 4° constitucional, donde la prioridad son las personas que necesitad y reclaman el agua para vivir y la segunda está plasmada en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que ve el agua como un bien de valor económico para generar riqueza.
Ejemplo de ello fue la privatización de agua en seis entidades del país, entre ellos Quintana Roo, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en revertir la concesión del servicio de agua potable en Isla Mujeres y Cancún y la privatización del agua en el municipio de Solidaridad, todo, a favor de la empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakán, ambas empresas subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo, un influyente corporativo presidido por Jorge Ballesteros Franco.
El retiro de la concesión de agua potable fue una promesa de campaña del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, bajo el argumento de que la cancelación del contrato significaría el pago de una elevada indemnización
En noviembre del 2014 se aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, empresa dueña de Aguakan, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
Igualmente, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.
Laura Beristain Navarrete, alcaldesa de Solidaridad, recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora como presidente municipal de Solidaridad, se otorgó este contrato hasta el 2053, “en violación a disposiciones que prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”.
Por lo que está en contra de la privatización del agua y no respaldará una ley que le quite el líquido a las familias de municipio, incluso, acusó a Flores Anguiano de expedir la Ley General de Aguas que permite concesiones hasta por 30 años a empresas privadas para manejar prácticamente el agua a su antojo, contrario a lo que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la propuesta del Ejecutivo federal se tenía previsto acabar con las privatizaciones de agua, ya que había casos como las cerveceras que explotan el líquido para exportar cerveza, mientras que los agricultores del norte de México no cuentan con agua para sus cosechas.
En ese contexto, López Obrador indicó que no se debe privatizar el agua, por lo que se buscará poner orden en el manejo del agua “porque tenemos problemas serios”
“Ahora con esto que sucedió también en Chihuahua se demostró cómo hay un grupo que acapara agua, que tienen más agua de la que pueden usar otros agricultores. Hay distritos de riego en Tamaulipas que nos están pidiendo que les ayudemos porque no van a tener agua para riego. Quieren cuando menos agua para medio riego, porque no hubo una distribución equitativa de los permisos, además porque no se utilizó adecuadamente el agua durante mucho tiempo”.
“Y lo otro que no ha habido inversiones también para mejorar los sistemas de riego y evitar las fugas de agua, el desperdicio de agua, la contaminación por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en el Grijalva y el Usumacinta, allá sí se dan los permisos. Allá nos afecta el agua por las inundaciones, pero en el centro del país en el norte, no hay agua”, expuso.
El mandatario resaltó que se tiene que garantizar que no falte el agua para el uso humano, para las personas, y posteriormente para los agricultores, los cultivos básicos y finalmente, para la industria. “Si tiene que ponerse orden, porque esas eran de las cosas que se permitían en la política neoliberal”, subrayó.
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