Dos abogados, un contador y una activista social empeñados en abatir la violencia que azota a su país son los primeros mexicanos en poder cultivar marihuana para autoconsumo, aunque ninguno de ellos fume cannabis.
Estas cuatro personas integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), el club que el 4 de noviembre pasó a la historia de México como ganador del juicio que—aunque tienen que esperar lo que tarda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dictar la sentencia del juicio y lo que tarda en publicarse la resolución en la página de la Suprema Corte—teóricamente les permitirá cultivar marihuana para autoconsumo sin fines de lucro.
“Nunca he fumado un cigarro (de marihuana), jamás lo voy a hacer”, dice sentado frente a un escritorio repleto de expedientes el abogado Francisco Torres Landa.
Tampoco quiere cultivar marihuana.
En una oficina rodeada de cristales, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México este abogado, con 32 años de carrera en uno de los despachos internacionales más importantes del país, asegura que su objetivo es quitar a los carteles del narcotráfico su principal herramienta, el dinero.
“Este es un litigio estratégico” para “socavar, erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas”, dice Torres Landa, padre de cinco hijos y quien se volcó a luchar contra la violencia cuando su primo fue secuestrado y asesinado en 2005.
“Fue una triste razón por la que llegue a México Unido Contra la Delincuencia” la agrupación civil en la que coincidió con los otros tres quejosos.
Un mosaico de dibujos infantiles y recortes de su equipo favorito de fútbol, cubren un muro frente a su escritorio que contrasta con la solemne oficina.
“Son mi inspiración, cuando me siento con no tan buen ánimo (…) levanto la mira, veo los dibujos de mis hijos y agarro energía”, dice el activista que dedica una buena parte de su tiempo sin paga a la campaña legal para despenalizar la marihuana.
Igual que él, Armando Santacruz, un contador de 54 años y fundador de una empresa que comercializa materias primas, coincide en que la lucha vale la pena por dejarles un mejor país a sus cinco hijas.
Enfundado en pantalones de mezclilla, con un saco informal y sin corbata, Santacruz explica que tras más de 15 años de trabajo contra el secuestro, la extorsión y otros delitos que agobian a la sociedad mexicana, comprendió que todas esas acciones eran insuficientes.
“Nos dimos cuenta que iban a tener poco resultado si no le entrábamos a la política de las drogas”, apunta en la pequeña oficina en un bullicioso barrio de la capital.
El “costo en sangre es brutal y la estrategia ni siquiera estaba evitando que las drogas llegaran a la gente”, indica al reconocer que ocasionalmente ha fumado marihuana, pero sostiene que no es usuario.
La violencia también llegó a la familia de Santacruz, uno de sus hermanos fue secuestrado hace dos años.
Pero quizá el camino más doloroso lo ha recorrido Josefina Ricaño, presidenta y fundadora de México Unido Contra la Delincuencia e otra integrante de Smart. En 1997 su hijo fue asesinado tras haber sido secuestrado.
En tanto, Andrés Aguinaco, el cuarto quejoso es un aguerrido abogado que ha defendido causas como la de una niña que sufre un grave tipo de epilepsia y que recientemente ganó una excepción a las leyes, para ser la primera persona en el país en recibir una tratamiento a base de cannabis.
El resultado de este juicio es histórico dado que una vez que cinco casos peleando el mismo amparo sean resueltos —después de la resolución de SMART, solo faltarían cuatro— , se crea una jurisprudencia, lo que significa que cualquiera que presente un amparo sobre la producción, el consumo recreativo y la transportación de mariguana con los mismos criterios que los anteriores, se podrá años de proceso.
Al dejar este vacío legal de que cualquiera se va a ir a amparar y podrá consumir siempre que cumpla todas las condiciones que la jurisprudencia siga imponiendo, se da pie a que el tema de la prohibición se tenga que discutir otra vez en la Cámara de Diputados y en la de senadores para que se reforme la ley.
Fuente: CNN
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