El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído en los internos del penal del Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas.
El control de este grupo llega hasta la Secretaría de Función Pública (SFP), donde ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de la evasión del sinaloense.
El régimen carcelario ha empeorado en el penal del Altiplano. El endurecimiento se ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del Chapo, el 11 de julio pasado.
El vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar y hasta una hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto. Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a condición del anonimato.
Refieren que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga de El Chapo.
Empezó el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno, además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde principios de agosto por Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Talamantes no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor se hizo en plena temporada de lluvias.
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