Un grupo de jóvenes que actúan bajo el amparo de la impunidad y el tráfico de influencias en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, hijos de funcionarios y empresarios de Veracruz, conforman el cártel Los Porkys de Costa de Oro, un fraccionamiento de familias adineradas.
Se trata de Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.
Si bien la justicia no ha ejercido ningún tipo de acción en su contra, sobre sus nombres caen una serie de señalamientos como el homicidio de Jonathan Peña Yáñez, en 2013, la violación a por lo menos dos alumnas del Colegio Rougier en el puerto de Veracruz, en 2015, e incluso se mencionó que estuvieron involucrados en la muerte de la joven Columba Campillo, aunque por este caso sí hay detenidos.
El recuento de los daños
El 24 de abril de 2013, Jonathan Peña Yáñez perdió la vida cuando circulaba sobre el bulevar Ávila Camacho a bordo de una bicicleta; fue embestido por una camioneta Pick Up que Jorge Cotaita Grajales conducía presuntamente en estado de ebriedad. Nunca hubo acción de la justicia en su contra.
Padres de familia del Colegio Rougier denunciaron de manera anónima, en abril de 2015, que un grupo de jóvenes había violado a alumnas de la escuela. A través de las redes sociales se difundieron fotografías de los presuntos violadores que resultaron ser Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Enrique Capitaine.
El pasado fin de semana, sus nombres salieron nuevamente a la luz pública, tras una carta pública de Javier Arturo Fernández Torres, quien asegura que Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, abusaron de su hija Daphne.
“Esta carta la dirijo, a pesar de mi inmensa pena y dolor, a la opinión pública para enterar lo que han hecho las familias de los involucrados que, a pesar de saber lo que sucedió, a pesar de haber hablado conmigo, de haberse consternado por la tragedia, de haber reconocido los hechos, de haber filmado videos donde sus hijos se disculpan con mi hija por el gran daño que le hicieron, a pesar de todo esto, se han encargado de atacar, difamar y calumniar inmisericorde e inmoralmente a la víctima, con tal de evitar que sus hijos asuman su responsabilidad por el delito que cometieron”.
De acuerdo Fernández Torres, hubo un encuentro con los jóvenes y sus padres en donde hizo tres peticiones para no proceder legalmente contra ellos.
- Que le pidieran perdón a mi hija (en video porque ella está traumatizada y no los puede ni quiere ver en persona).
- Que si se encontraban a mi hija en cualquier lugar, tu hijo y sus cómplices tendrían que irse de inmediato.
- Que fueran a terapia con un psiquiatra, quien por su perfil consideré la mejor opción en Veracruz para dar terapia a tu hijo y a sus cómplices, incluidos ustedes.
Los jóvenes accedieron a grabar el vídeo pidiendo disculpas; sin embargo, sus padres iniciaron una campaña de difamación en contra de Daphne y su familia argumentando que les pedía dinero y los extorsionaba.
La publicación de la carta y de los videos generó una guerra sucia en redes sociales entre las familias involucradas en el caso, con publicaciones e imágenes de los cuatro muchachos y de la víctima denostándose mutuamente.
Los cuatro jóvenes acusados enviaron al periódico Notiver una carta en la que aseguran que son inocentes. Argumentaron que fue la hija de Javier Fernández quien pidió irse con ellos a “seguir la fiesta”. Además, negaron categóricamente que cometieron abuso sexual. En el desplegado, no especificaron si tuvieron relaciones sexuales con la menor. Tampoco aclararon los motivos por los cuales aceptaron “pedir disculpas a la joven” a través del video.
Además, el padre de Daphne asegura que Héctor Cruz, padre de Diego Cruz Alonso, lo amenazó diciendo que tomaría acciones letales en su contra y que “alguien que está relacionado con la delincuencia organizada” podría hacerle mucho daño.
Finalmente y ante esta situación, el pasado lunes 21 se informó sobre la denuncia penal de Javier Arturo Fernández Torres, padre de la joven, en la que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte hacer justicia para que los cuatro jóvenes sean consignados penalmente, pues hasta ahora continúan libres y en total impunidad.
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