El expresidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, se retractó de promover el juicio de amparo contra de la resolución que tomó el pleno el martes pasado de negarle regresar a su cargo como titular del Poder Judicial.
Salcido anunció que se jubilará porque tiene más de 30 años en la función pública, la mayor parte como catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), y se irá con su sueldo íntegro como magistrado presidente que es de alrededor de 165 mil pesos mensuales.
Luego de resistirse a negociaciones impulsadas desde el Ejecutivo para evitar que llegara al amparo, Salcido Romero accedió a jubilarse y ayer inició el trámite ante Pensiones Civiles del estado.
Especialistas en el tema aseguran que Salcido ganaría el amparo debido a que el Pleno el TSJ echó abajo un acuerdo que había aprobado por unanimidad, decisión que consideran absurda y advirtieron que la jubilación también es anticonstitucional porque no tenía ni tres años de haber sido nombrado magistrado por el Congreso del Estado.
“He tomado la determinación de jubilarme del Tribunal Superior de Justicia (…) como no estoy dispuesto a participar en un pleno cuya presidencia es ilegal, he tomado la determinación de jubilarme y retirarme del Tribunal Superior de Justicia, decisión que creo ayudará a restablecer la normalidad, con la esperanza de que también se abra un espacio para que el Poder Judicial regrese al camino de la legalidad”, justificó.
El magistrado solicitó licencia a su cargo como presidente del Poder Judicial el pasado 8 de diciembre para asumir la titularidad de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, donde según él no le permitieron trabajar con libertad, y con el pretexto de que su suplente Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes echó abajo los avances en el Tribunal y de que hay desvío de recursos, decidió cancelar su licencia.
El martes pasado regresó a su oficina y horas más tarde el pleno ratificó como presidente a Sepúlveda y cambió el acuerdo en el que avalaron la licencia de Salcido para declarar ausencia de presidente y no la licencia que le concedieron como magistrado.
Los magistrados dijeron que el Congreso debe resolver la cancelación de la licencia de Salcido pero la presidenta del órgano legislativo local Mayra Díaz Guerra, anunció que los diputados no harán nada porque no les corresponde. Argumentó que ellos recibieron la suspensión de la licencia y es responsabilidad del TSJ si le permiten regresar o no.
Salcido Romero dijo que la decisión del pleno, de desconocerlo como magistrado presidente, es ilegal y violenta el marco jurídico, por lo que “es indudable que contra esa ilegal resolución procede un juicio de amparo que me restablecería en la presidencia”.
Aun así se negó a promover el recurso como lo había anunciado el mismo martes, cuando el pleno tomaba la decisión.
La tramitación del amparo, dijo, implica un proceso de más de seis meses y generaría incertidumbre, inestabilidad y situaciones de tensión en el Poder Judicial.
“He decidido no impugnar la mencionada resolución, en aras de privilegiar la estabilidad del propio Tribunal. Debemos privilegiar la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones”, aseveró.
El abogado Maclovio Murillo Chávez, quien ha promovido una serie de actos de inconstitucionalidad y amparos contra violaciones del Poder Ejecutivo, advirtió que Salcido no tiene derecho a jubilarse como magistrado.
“El artículo 107 de la Constitución local de Chihuahua establece como requisitos para que un magistrado estatal se jubile, que sean satisfechos los requisitos que exigen las leyes respectivas, que hayan desempeñado el cargo de magistrado cuando menos por un periodo de cinco años. Salcido tiene dos años con dos meses de magistrado, motivo por el que no puede jubilarse”, explicó.
Si se le otorga la jubilación, como se espera, el titular de Pensiones Civiles cometerá una falta grave y un delito, por lo que Salcido tendría que irse sin jubilación y sin derechos que deriva de la figura de presidente del TSJ, abundó.
El litigante Jorge Arturo Chávez Álvarez recordó que el gobernador César Duarte Jáquez se ha entrometido en el Poder Judicial desde que asumió su cargo y la designación de Salcido fue producto de otro acto violatorio de la ley.
A José Miguel Salcido le inventaron primero una Sala Constitucional en el TSJ para aplanarle el camino y hacerlo presidente en febrero de 2015. “La creación de la Sala fue el primer adefesio”.
Sin haber dictado ni una sentencia fue electo presidente “para abrirle camino, le torcieron el brazo a los magistrados que habían electo a su predecesor, lo cual no les fue difícil porque todos padecen un mal terrible que los hace sumamente vulnerables: el nepotismo”, acusó el abogado.
Salcido promocionó junto con el ejecutivo y el legislativo una reforma constitucional que le permitió remover a la mayoría del pleno y colocar a 13 magistrados, de los que nueve son de extracción partidista, la mayoría del PRI, y dos del PAN que les dieron como “cuota” de negociación.
En diciembre Salcido Romero solicitó licencia violando la ley porque Duarte lo invitó como secretario de Educación.
En su lugar eligieron a Gabriel Sepúlveda quien fue diputado, secretario, magistrado y presidente en un solo sexenio. “Legisló, administró, juzgó y dirigió los asuntos públicos con un solo mérito: ser amigo del mandamás”, señaló Chávez Álvarez.
El pleno aprobó por unanimidad la licencia de Salcido el 8 de diciembre, basado en el artículo 260 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, en el que se indica que si el presidente se ausenta por un periodo mayor a 30 días, elegirán a un sustituto entre los integrantes del pleno.
El martes pasado para evitar que regresara Salcido a la presidencia, modificaron su propio acuerdo para cambiarlo por la fracción IV del mismo artículo, que dice: “en caso de ausencia absoluta del presidente, se nombrará a quien deba sustituirlo hasta que concluya el periodo para el que fue electo…”.
De esa manera declararon ausencia y no licencia del expresidente José Miguel Salcido, quien se arrepintió de impugnar la decisión, lo que también es violatorio de la ley, agregó Chávez Álvarez.
Fuente: Proceso
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