Lo inculparon con el testimonio “inverosímil” de una mujer
Ahora sólo quiere encontrar un empleo, estar con sus hijos y visitar la tumba de sus padres
Sergio Sánchez Arellano, un indígena mazahua quien estuvo encarcelado casi 8 años por un delito que no cometió, afirmó que no piensa demandar al Estado, pues sólo quiere estar con sus hijos y visitar la tumba de sus padres.
En su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, Sergio expresó: “quiero ir mañana a dejarles una veladora a mis padres a su tumba. Mi madre murió mientras yo estaba en prisión y no me pude despedir de ella. Su sueño era verme caminar libre por la calle. Ella sabía que yo era inocente. Creo que apenas ayer que me soltaron debe haber descansado”.
Cuando lo detuvieron, Sergio tenía 33 años y cinco hijos, hoy de entre 11 y 17 años. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo, por lo cual recibió una condena de 27 años y 6 meses en la cárcel.
“Yo estaba muerto en vida. Hubo muchas noches que no dormía, dos o tres años me la pasé así, pensando, ya nunca voy a salir de este lugar, que había dejado a mis hijos, si tendrían para comer. Yo tenía que trabajar allá adentro (también vendía dulces) y mi esposa en el puesto de la casa, para llevarme un taco”, narró el hombre.
Asimismo, afirmó que varias personas que están en la cárcel son inocentes: “como yo le dije a un juez una vez: ‘ustedes si dicen que es azul, azul es, pero no, no es así’. Si uno fuera culpable, yo le hubiera dicho, ayúdeme a salir, pero no, yo no hice nada. Y me robaron ocho años de mi vida”.
Gracias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) y Amnistía Internacional, Sergio obtuvo su libertad.
El caso fue retomado por Amnistía Internacional en uno de sus informes, en el cual el organismo afirmó que en México, la policía detiene a miles de personas cada año y violenta sus derechos.
No existen datos exactos de la gente que es detenida, ni leyes que esclarezcan cómo se debe realizar un registro sobre el asunto para cumplir con estándares internacionales. No hay ni un reglamento claro de cómo se debe usar la fuerza durante una detención, señaló el órgano.
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