“El Gobierno mexicano para los centroamericanos es un ojete. Esta es una palabra vulgar, pero da a entender muy claramente lo que ha sido este gobierno para sus hermanos de Centroamérica”, declaró Alejandro Solalinde, director de la Casa para Migrantes Ixtepec, en el marco del Día del Migrante.
En los últimos años, las denuncias de asociaciones defensoras de derechos humanos por violencia hacia migrantes en México han aumentado; pero esta violencia, explican, no está dirigida exclusivamente a aquellos que están de paso, sino también a quienes deciden quedarse.
Discriminación, explotación laboral, dificultad de acceso a la justicia, violencia, hostigamiento y hasta muerte es lo que los migrantes que deciden permanecer pueden enfrentar.
“Un migrante es una persona que no encuentra su lugar. Alguien a quien no le dan su lugar y carece de protección. Los migrantes son usados para negocios, para sacar dinero y también para fines políticos, pero esa es una cosa que no le importa a nadie”, dijo Solalinde.
“Las personas que deciden quedarse aquí suelen sufrir una discriminación horrible, eso es con lo que más cargan. Ellos no siempre pueden establecerse y vivir de forma ‘normal’ porque siempre estarán sujetos a ser ofendidas”, agrega la miembro de Un Mundo Una Nación.
En 2013, Jorge Andrade, del Colectivo Ustedes Somos Nosotros, indicaba a la inglesa BBC que para los migrantes en tránsito que se veían obligados a quedarse en México existía una “creciente xenofobia”, debido a que esta población compite por empleos y cuenta con servicios por parte de casas de migrantes, lo que se había “traducido en agresiones de los pueblos a los migrantes y los activistas que les ayudan”.
Aunque no existen cifras oficiales de la cantidad de inmigrantes centroamericanos que viven en el país con una estancia irregular, organizaciones de la sociedad civil indican de los 400 mil que ingresan al país anualmente un alto porcentaje decide permanecer en el territorio.
Heyman Vázquez Medina, de la casa del migrante Huixtla, Chiapas, denunció que los operativos realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) son una forma de criminalizar a los migrantes: “migración entra a los pueblos y los busca y los persigue como delincuentes. Y eso sólo ha hecho que en la sociedad se genere rechazo y xenofobia”.
“No hay ninguna intención del Estado Mexicano de atender y velar por los derechos humanos de los migrantes, por lo que ellos están en total indefensión”, declaró.
Por otro lado, explicó Solalinde, a los inmigrantes con estancia irregular en el país “les está costando mucho trabajo la regularización, porque el INM pone todas las trabas del mundo, y les está cobrando todo lo más que puede. Incluso la visa que se les da por un año después ya no se las reiteran, o alegan que ya su caso no prosperó por que ya no tiene razón de ser, y entonces tienen que salir del país”.
“Los tramites para regularizar su situación son largos, y con muchas deficiencias. Lo que el gobierno busca es aburrir a los migrantes y que el proceso de regularización no suceda. El sistema siempre pone muchas trabas. Aquellos migrantes que deciden deciden hacer su trámite regulatorio y que no van al INM acompañados por una organización civil o personas que puedan apoyarlo, se les complica aún más”, dijo Karina Ramírez.
Fuente: La opinión
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