Human Rights Watch señaló que existe evidencia de que miembros de la Policía Federal cometieron ejecuciones ilegales en dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles.
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En la ciudad de Apatzingán, al menos ocho civiles murieron el 6 de enero cuando miembros de la Policía Federal dispersaron un plantón de grupos de autodefensa ciudadana. En Tanhuato, el 22 de mayo policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal; 42 civiles y un policía fallecieron. En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos.
“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch. “
“Si bien el gobierno insiste en que la Policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.
En ambos casos, la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores. Más de nueve meses después de las muertes en Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con ninguno de los incidentes.
En varios informes publicados a lo largo de la última década, Human Rights Watch ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estos casos ocurrieron en 12 de los 31 estados de México, que representan la diversidad geográfica y política del país.
El 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió las conclusiones preliminares de su visita in loco a México, en las cuales sostuvo que el país está atravesando una “grave crisis de derechos humanos”, y alertó sobre las ejecuciones extrajudiciales y el “carácter endémico de la impunidad para estos crimenes”. La reacción inmediata del gobierno mexicano fue minimizar las conclusiones del informe, aseverando que tiene “excesos” y que se había formulado a partir de una cantidad reducida de casos que “no reflejan la situación del país”.
“Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema”, observó Wilkinson. “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya”, comentó en referencia a dos conocidos casos recientes en México, “y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.
En el caso de Tlatlaya, las autoridades insistieron durante varias semanas que la muerte de 22 personas por soldados, en junio de 2014, había sido producto de un uso legítimo de la fuerza en el marco de un enfrentamiento armado, hasta que la revista Esquire publicó declaraciones de una testigo que denunciaba múltiples ejecuciones extrajudiciales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe que concluía que agentes del Ministerio Público del estado habían torturado a las testigos para que realizaran declaraciones falsas.
“Una y otra vez, el sistema de justicia de México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de seguridad respondan por los abusos que cometieron”, señaló Wilkinson. “Es posible que la única esperanza de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente sobre lo ocurrido en Apatzingán y Tanhuato sea conformando una comisión independiente, similar al grupo de expertos que evalúa el caso Ayotzinapa”.
Puedes leer el informe completo de Human Right’s Watch aquí
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