Bajo el contexto latente de los grupos de autodefensa en Michoacán, y posteriormente la configuración del Frente Nacional de Autodefensas Ciudadanas, al que se han integrado diversos personajes políticos y defensores de derechos humanos, la diputada Selene Vázquez Alatorre emitió un exhorto, que fue aprobado en el Congreso local de Michoacán, para pedir al Senado de la República un análisis del valor y soporte legal de estos grupos que iniciaran como guardias comunitarias.
De esta manera se exhorta a realizar una consulta con los estados mexicanos para la elaboración, difusión y discusión sobre una Ley de la Guardia Nacional, y así, fomentar que prevalezcan el orden institucional y la defensa de la soberanía, como herramientas de la sociedad organizada.
“Las guardias comunitarias están soportadas legalmente con base en el artículo segundo constitucional, que reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana, reconociendo en los pueblos indígenas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, así como autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres”.
El documento también plantea que mientras el Estado mexicano no sea capaz de garantizar la seguridad a los ciudadanos, éstos se enfrentan ante el análisis y debate sobre la permanencia o desaparición de los grupos de civiles armados y su defensa contra el crimen organizado.
Sin embargo, “esta forma de organización ya no sólo es privativa de los pueblos indígenas, sino que regiones enteras de las entidades con población mestiza han decidido organizarse de forma similar, bajo la necesidad común de preservar la tranquilidad en sus comunidades o municipios y detener el crecimiento de los delitos del fuero común, y muy especialmente, las acciones del crimen organizado en temas como el secuestro, extorsión, cobro de piso y violación de mujeres”.
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