La investigación demuestra la corrupción en el gobierno federal
Anima Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizaron este trabajo
El caso de Javier Duarte ha pasado a la historía como el mayor desfalco que un gobernador mexicano ha realizado a la entidad a su cargo.
El veracruzano le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas, donde el dinero pagado terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Sin embargo, esta no es una práctica exclusiva de Duarte, pues diversos funcionarios del gobierno federal se han dedicado durante años a crear redes de corrupción y hacerse ricos con dinero público.
Un hombre de 40 años de nombre Francisco, originario de Villahermosa, Tabasco, fue utilizado para cometer desfalcos: es el dueño de una empresa millonaria, pero sólo en el papel.
“Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”, aseguró.
La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Entre las dependencias involucradas en este fraude se encuentran Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
La investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de los contratos ilegales con esas 186 empresas fantasmas, donde el proceso para eludir a la ley, consiste en poner a diferentes empresas a competir en las licitaciones que la ley exige, pero para ello las dependencias firman convenios con universidades públicas, mismas que subcontratan a terceros para la totalidad de esos servicios, en la mayoría de los convenios firmados.
El modus operandi es siempre el mismo: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma, habiendo casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.
Las empresas contratadas no cuentan con un proceso debido de selección, sino que son sugerencias de los propios funcionarios y contratadas por las universidades sin preguntar. En medio de este trámite, la universidad se quedan con una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio como pago por fundir como intermediarios.
De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades: 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.
Teniendo en cuenta esto, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.
La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7 mil 760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdl).
Para este tipo de fraudes, los prestanombres como Francisco, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.
Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio
Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.
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