César Duarte todavía es miembro del PRI
Así mismo, otras expulsiones se han tardado meses e incluso años, después de iniciadas las investigaciones
Cuando algún político priísta se ve envuelto en señalamientos de corrupción, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, se pronuncia por el castigo; sin embargo, en los hechos, en su partido se les da acogida a quienes son vinculados con distintos crímenes
“Exigimos que la Procuraduría General de la República continúe con los procesos de investigación en contra de Javier Duarte, que se cumplan las órdenes de aprehensión, que se establezca todo un procedimiento”, afirmó Ochoa Reza el 19 de noviembre en conferencia en Culiacán, Sinaloa, al final del Primer Congreso Nacional de Juventudes priístas y en referencias a la fuga del exgobernador veracruzano.
“Lo hemos señalado fuerte y claro: en el PRI estamos a favor de que los corruptos terminen en la cárcel”, aseveró el priísta el lunes pasado, cuando los cuestionaron durante una gira proselitista en el Estado de México y después de que se supo sobre la detención del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Mientras tanto, en los hechos, el tiempo tomado en el tricolor para marcar distancia de estos políticos es largo, la dirigencia comenzó a realizar sus expulsiones sólo desde el año pasado y cuando el partido ya había perdido siete elecciones estatales.
En el caso de Yárrington Ruvalcaba fue suspendido de sus derechos partidarios desde mayo de 2012 pero expulsado definitivamente del PRI hasta el 16 de diciembre pasado, después de cuatro años de que comenzó la revisión de su militancia en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y de haber sido acusado de recibir dinero del narcotráfico desde 1998, cuando era candidato del PRI al gobierno de su entidad.
Por su parte, Humberto Moreira Valdés, detenido el año pasado en España por acusaciones de lavado de dinero y malversación de recursos durante su administración en Coahuila (de 2005 a 2011), estuvo dentro del PRI hasta este 2017, cuando (ya liberado en España) anunció su candidatura a una diputación local plurinominal por el nuevo Partido Joven.
Así mismo, la expulsión de Javier Duarte de Ochoa del partido se buscó desde febrero de 2016 y se logró hasta septiembre, cuando ya estaban las investigaciones penales y el Tricolor había perdido por primera vez los comicios en Veracruz.
La militancia del exmandatario chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo desde marzo pasado y cuya salida había anunciado Ochoa Reza para fines de 2016, sigue en proceso en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional.
“La Comisión Nacional de Justicia Partidaria es el órgano que encabeza al PRI para rendir cuentas en un proceso democrático y moderno hacia sus militantes y dirigentes”, detalló Ochoa Reza el pasado lunes, en el Estado de México cuando le preguntaron por el tiempo que transcurrió para expulsar Yárrington y la permanencia de Duarte Jáquez.
“Seguirán analizándose cada uno de los casos. No podría yo, como presidente nacional del PRI, predecir qué debe de decidir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero sí el compromiso muy puntual de que se seguirá estudiando y analizando cada uno de los casos, y una vez que se llegue a una conclusión, como han sido los casos anteriores en Veracruz, en Quintana Roo y en Tamaulipas, se harán de conocimiento público”, enfatizó el dirigente nacional.
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