Una comisión de la ONU evaluará la impartición de justicia a las mujeres
Hace unos días la Suprema Corte rechazó revisar la decisión de otorgar la libertad a Diego Cruz Alonso
Mientras hace unos días la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo concedido a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de ‘Los Porkys‘ acusado de violar a Daphne Fernández en Veracruz; el caso servirá al Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un ejemplo de la mala actuación del sistema de justicia mexicano que perjudica a las víctimas de violencia.
Cedaw evaluará al Estado mexicano del 2 al 20 de julio en materia del avance en la impartición de justicia para garantizar los derechos de las mujeres.
La organización Equis Justicia para las Mujeres presentó ante el comité su “informe sombra”, el cual demuestra cómo los juzgadores utiliza estereotipos de género en sus determinaciones, como en el caso de Daphne.
En enero de 2015, en Veracruz, Daphne, entonces menor edad, fue violada por cuatro jóvenes apodados después como ‘Los Porkys’. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue encarcelado; sin embargo, el juez tercero de distrito del séptimo circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le dio la libertad tres meses después.
Anuar argumentó que Diego Cruz no obtuvo placer de sus actos y cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.
Esta resolución fue severamente criticada y el funcionario fue suspendido de su cargo.
La fiscalía veracruzana impugnó el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz (206/2017), por lo cual los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito pidieron a la Corte que atraer el caso para revisar la sentencia.
El pasado 17 de enero, la Corte desechó la atracción del caso, pues concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano; pese a los señalamiento de organizaciones civiles en torno a que esta decisión abría la posibilidad de cambiar los lineamientos seguidos por los jueces en torno a delitos de violencia sexual.
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