Buscan que Hacienda comience con una política de contención a los privilegios de la clase política
Unas 80 organizaciones civiles le exigieron al presidente Peña Nieto mejores condiciones sociales, económicas y de seguridad
Al menos unas 80 organizaciones civiles, además de 197 personalidades de la política, la iniciativa privada, de derechos humanos, la cultura y especialistas como María Elena Morera, Alejandro Hope, Eduardo Bohórquez y Claudio X. González, le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto comenzar con acciones en contra de la corrupción y el descontento social provocado por el gasolinazo.
A través de una carta, los firmantes pidieron al presidente que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que comience con una política de contención a “los privilegios económicos” de la administración pública federal.
Aseguraron que a esta convocatoria, se le deben sumar los demás poderes, como el Judicial y el Legislativo, organismos con autonomía constitucional, entidades federativas y municipios.
Las organizaciones solicitaron información para conocer en qué se gasta el dinero público, particularmente el que se gasta a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como las adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.
Pidieron “reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública”.
Además, solicitaron a la Secretaría de Economía un plan de contención ante el riesgo que empresas extranjeras se vayan del país, como ha pasado con Ford, que gracias a las amenazas de Donald Trump decidieron no seguir invirtiendo en México.
Las organizaciones que están pidiendo esto son Causa en Común, México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) entre otros, quienes también pidieron que la PGR solicite información a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses para poder sancionar a los servidores públicos y particulares que participaron de manera directa o indirecta en las operaciones de la empresa Odebrecht, quien reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares para poder obtener contratos de obra pública en México, presuntamente en Pemex.
“Investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Pemex. Asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido y que genera pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3 mil 500 tomas clandestinas en ductos de Pemex”, acusaron.
Señalaron que nuestro país ya no puede seguir secuestrado por la corrupción. Con esto, criticaron que las políticas de austeridad anunciadas por el gobierno no vienen acompañadas de acciones similares por parte de la clase política, quienes siguen lucrando con sus cargos a través de sobornos, mantienen sus privilegios y se aumentan los aguinaldos, bonos, entre otros recursos.
“La liberación de los precios de gasolina no vino acompañado con un programa de austeridad, tampoco de un programa de contención a las acciones anunciadas por Donald Trump, previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones”, acusaron.
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