Unión Ciudadana cuenta con 15 días hábiles para presentar un recurso de inconformidad
Con la reciente determinación de la dependencia federal, Duarte Jáquez sólo podría ser procesado por los delitos que se soliciten en la petición de extradición
La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ni contra el exsecretario de Hacienda de la entidad, Jaime Herrera Corral.
De acuerdo con El Diario, fue Jaime García Chávez, líder de Unión Ciudadana, quien informó que la Procuraduría General de República (PGR) le notificó sobre el caso a través del oficio PGR/UEAF/DG/582/2018.
García Chávez detalló que la dependencia federal intervendría sólo en el tema de delitos federales relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios. Agregó que cuenta con 15 días hábiles para presentar un recurso de inconformidad, el cual ya prepara.
“Continuaremos dando la batalla ante los tribunales, recuérdese que tenemos juicio de amparo pendiente de resolución”, precisó, y refrendó su decisión de continuar la lucha contra la corrupción política de los priistas. “No nos vamos a dejar”,expresó el también abogado.
Hace casi un año que García Chávez promovió un amparo ante la Procuraduría de la República en la Ciudad de México, luego que, desde septiembre de 2014, interpuso una demanda para que la dependencia ejerciera acción penal en contra de Duarte Jáquez y de Herrera Corral.
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La denuncia fue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de las funciones, después de que el exmandatario creó un fideicomiso de 65 millones de pesos para capitalizar al banco Unión Progreso, en el cual la Secretaría de Hacienda depositó más de 86 mil millones de pesos, al parecer, provenientes de recursos públicos.
Con la reciente determinación de la dependencia federal, Duarte Jáquez sólo podría ser procesado por los delitos que se soliciten en la petición de extradición, además, existe el riesgo de que se convierta en “una patente de corso más para la corrupción política”, manifestó el abogado.
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