Por Ana Leticia Hernández*
El 11 de diciembre de 2006, a tan solo 10 días de haber iniciado su mandato, el entonces presidente Felipe Calderón implementó la “Operación Conjunta Michoacán”, en la que se contó con la participación de 7 mil elementos -militares, marinos, policías y agentes del Ministerio Público- y con la que daría inicio la llamada “guerra contra el narcotráfico” y que buscaba combatir este crimen y proporcionar seguridad a los mexicanos. Pero pasaron los años y la estrategia no funcionó.
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder, anunció la creación de una Gendarmería Nacional conformada por 100 mil elementos, la división del país en cinco regiones con el fin de mejorar la coordinación entres las instituciones en materia de seguridad y una inversión millonaria destinada a programas para la prevención del delito. Con esto, el priista buscó distanciarse de la “guerra”, pero no le puso fin.
Sobre los militares, a pocos días de asumir la presidencia, Peña Nieto informó que los seguirían en las calles realizando labores de seguridad y apenas en marzo pasado, defendió su presencia y dijo que continuarían ahí hasta que fuera necesario, pero tan solo un mes después, el propio Peña reconoció que su plan en materia de seguridad no había resultado como se esperaba.
Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó a criticar la presencia y acciones del Ejército e incluso el 21 de noviembre de 2017, al presentar su Proyecto de Nación 2018-2024 indicó que se planeaba un regreso “paulatino y programado” de las fuerzas armadas que durante años se habían encargado de cuestiones de seguridad. Pero su postura fue cambiando conforme pasó el tiempo y ha llegado a reconocer que no existen condiciones para que los militares se retiren de las calles.
Derivado de lo anterior, el pasado miércoles 14 de noviembre, Alfonso Durazo, quien se perfila como futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que se afirma que se contará con “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”; sin embargo, esto se contradice en cierta medida al promover la existencia de una Guardia Nacional, que se encargaría de preservar la seguridad de los mexicanos a nivel federal.
Este nuevo organismo propuesto por López Obrador sería de corte militar y esto ha causado polémica, no solo porque para muchos significa volver a lo mismo que comenzó con Felipe Calderón: una “guerra” que sigue a casi 12 años de haberse iniciado, sino también porque en el plan no se contempla mejorar a los ya existentes cuerpos policiales.
ADN Político informó que el propio Durazo expresó que la Policía Federal se encuentra en “un grave proceso de descomposición y no hay tiempo para adiestrar a nuevos policías, por eso entrarán los militares”, pero, ¿esto es una buena idea?
Según The Wall Street Journal, en los últimos dos sexenios han sumado 250 mil homicidios y 37 mil 400 personas se encuentran desaparecidas. Y sí, todo esto ha ocurrido pese a la presencia de los militares en distintos puntos del país, entonces, ¿por qué continuar con una estrategia que parece fallida?
Los datos indican que la militarización no mejora la seguridad, al contrario. El sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo documentó para Nexos que entre 1990 y 2007 “la tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente, año tras año”, por lo que el discurso calderonista usado en pro de su plan de seguridad no tendría sustento alguno. Además, el autor mostró que hubo un incremento en el número de muertes en los sitios donde tuvieron lugar operativos tanto militares como policíacos.
En 2017, estudios realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE) revelaron que pese a la estrategia de Calderón, durante su administración la tasa de civiles muertos durante enfrentamientos se disparó arriba del 2000 por ciento y los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900 por ciento. Y es que aunque la detención y posterior presentación de narcotraficantes como “trofeos” fuera muy mediática y se presumieran estas acciones como un gran logro en materia de seguridad, en realidad no contribuyó a la erradicación de los grupos criminales.
Acerca de lo anterior, una investigación de Arturo Angel para Animal Político destaca que los analistas del CIDE manifestaron que “las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales” y “estos cambios producen a su vez más violencia”.
Además, el periodista también explica que durante el sexenio del ahora expanista se tuvo registro de tres mil 327 enfrentamientos protagonizados por fuerzas del orden y grupos delictivos, pero de dicha cifra, el 84 por ciento de ellos fueron “propiciados por los propios soldados o policías” .
De acuerdo con Reforma, el 2011 se erigió como el año más violento del sexenio de Calderón, pese al despliegue de 49 mil 650 militares, mientras que disminuyeron los hechos violentos cuando hubo reducción de presencia militar en las calles.
Algo similar ocurrió con Peña hasta mayo pasado, cuando dicho mes fue considerado el más violento en la historia reciente de México, a pesar de contar con un despliegue de 54 mil 980 militares.
Por otro lado, en 2017 se difundió un estudio realizado por el Senado de la República, en el que se reveló que a 10 años de que diera inicio la estrategia de seguridad con el fin de combatir al crimen organizado con la participación de las Fuerzas Armadas, ésta no logró su cometido e incluso detonó más violencia. También se indicó que cuando inició la llamada “guerra”, no existía ninguna “crisis de seguridad” que obligara al despliegue de los militares en las calles.
Por su parte, la Asociación de Estadística de Estados Unidos (American Statistical Association, ASA, por sus siglas en inglés) realizó el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, donde se establece que los operativos militares lanzados por Calderón consiguieron aumentar las tasas de homicidios en los lugares donde se llevaron a cabo.
Hasta julio pasado se contaba con presencia militar en 20 entidades. Actualmente la violencia no cesa. Los “daños colaterales” se han sumado por años y los abusos de las fuerzas de seguridad han sido constantes. Y si bien esto no significa que la responsabilidad de todo lo que ocurre en el país recae solamente en las Fuerzas Armadas, los datos aquí presentados permiten dar cuenta de que seguir con la misma estrategia no es una buena idea y que su presencia en las ciudades no ha servido para contrarrestar la violencia, sino todo lo contrario.
Por ello vale la pena preguntarle a López Obrador y a su equipo: ¿cómo piensan mejorar las condiciones de seguridad en el país con ayuda de militares si esto no ha funcionado en los últimos 12 años?
*Licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón. Maestra en Comunicación por la UNAM y actualmente cursa el Doctorado en la Universidad Iberoamericana.
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