El presunto homicida cuenta con antecedentes penales por robo calificado y posesión de marihuana
Fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad indicaron que el pago por llevar a cabo este crimen habría sido de cinco mil pesos
El presunto homicida que abrió fuego contra manifestantes en Cuarnavaca, Morelos, la mañana de ayer, habría cobrado cinco mil pesos por matar a dos de los asistentes a la protesta.
De acuerdo con las primera investigaciones su objetivo era asesinar a Jesús García Rodríguez, secretario general de la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de esa entidad, así como a Roberto Castrejón, hijo de Roberto Castrejón Campos, primer secretario general sustituto de la CTM, aquí llamada Federación de Trabajadores de Morelos (FTM).
Fiscalía General del estado (FGE) identificó al presunto homicida como Maximiliano, de 22 años, quien cuenta con antecedentes penales por robo calificado y posesión de marihuana.
Datos preliminares señalaron que el atacante llevaba consigo un teléfono marca Nokia, el cual contenía mensajes de texto con la orden de asesinar a García y a Castrejón.
Asimismo, fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad indicaron que el pago por llevar a cabo este crimen habría sido de cinco mil pesos.
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La FGE también abrió una investigación sobre el arma que utilizó el homicida, misma que supuestamente perteneció a una corporación policial.
“Es un arma corta calibre 9 milímetros, marca Glock, estamos investigando porque tenemos información por corroborar de que pudo haber pertenecido a una corporación policíaca y pudo estar a disposición de la fiscalía en noviembre de 2017”, expuso el fiscal Uriel Carmona Gándara.
En conferencia de prensa, puntualizó que, con base en las primeras investigaciones, habría sido una sola persona la que disparó contra Castrejón, y García, informó El Universal.
Al respecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco reiteró su respaldo al comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Asimismo, el también exfutbolista pidió apoyo del gobierno federal, pues expresó que “no podemos terminar con la violencia en cinco meses”.
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