El exfuncionario está acusado de diversos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos
Este jueves, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue expulsado formalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de ser acusado de diversos delitos.
Ernesto Nemer Álvarez, secretario técnico del Consejo Político Nacional del partido, fue quien promovió la orden de expulsión del exfuncionario, proceso que duró dos años y medio.
A través de un comunicado, se detalló que la notificación fue emitida el pasado 25 de enero por Socorro Jasso Nieto, subsecretaria del Consejo Político Nacional y fue dirigida al presidente del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán Flores, quien dará a conocer la decisión a los integrantes del Consejo Político Estatal.
El “procedimiento sancionador”, con miras a la expulsión del exmandatario chihuahuense, se solicitó en julio de 2016 ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria por intención del consejero nacional Armando Barajas Ruíz.
Esta solicitud de sanción no sólo incluía a Duarte Jáquez, sino también a los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge.
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Duarte de Ochoa fue expulsado en octubre de ese mismo año, mientras que a Borge le retiraron sus derechos partidarios en junio de 2017.
Carlos González, vocero del PRI estatal, dijo que los derechos partidarios le fueron suspendidos a Duarte en octubre de 2018. El proceso continuó en diciembre del año pasado cuando debió presentarse a una última audiencia para exponer alegatos a su favor y mantener su registro, pero no acudió, ni envió representante.
Según una nota de El Financiero, en 2016, año en que se inició el proceso, César Duarte era investigado por tener en 17 denuncias en su contra, por una serie de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Actualmente el ex funcionario está acusado por diversos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos.
Jueces locales han emitido diez órdenes de aprehensión en contra del exmandatario, todas relacionadas con el mal uso de recursos. Existe una orden más emitida por un juez federal, por la que podría ser extraditado.
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