En este sexenio el gasto en publicidad oficial rebasó los 38 mil millones de pesos
La ley reglamentaria que regule la publicidad oficial podría no ser aprobada a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Congreso de la Unión a legislar sobre la discrecionalidad del gasto público destinado a propaganda gubernamental.
Esto debido a que la mayoría legislativa en San Lázaro podría votar en contra de cualquier proyecto que reglamente el artículo 134 constitucional con el fin de regular el dinero público destinado a la publicidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales, advirtió el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.
De acuerdo con una publicación de Aristegui noticias, el PRI y PVEM, que son los partidos que tienen la mayoría legislativa, mantienen una postura de rechazo al proyecto y planean abrir un debate sobre los alcances del fallo emitido por el máximo tribunal.
“Lo que no puede prever la Corte, a lo que no puede obligar la Corte (es) al sentido del voto de los legisladores. Entonces, el proyecto de ley se presentará en comisiones y llegará al Pleno (de la Cámara de Diputados), pero ahí necesita contar con mayoría y que pasa si no cuenta con esa mayoría legislativa, el proyecto podrá ser derrotado en el Pleno y tendrá que regresarse (a comisiones)”, advirtió Ramírez.
No obstante se está a la espera de la sentencia escrita de la Primera Sala de la Suprema Corte para conocer los alcances del fallo, pues las bancadas del PRI y el Partido Verde consideran que la obligación de legislar en materia de publicidad oficial, no los obliga a aprobar un proyecto de ley.
Aseguró esta mayoría no esta de acuerdo con poner un freno al gasto en publicidad oficial, el cual rebasa los 38 mil millones de pesos en la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto.
Según Ramírez Marín, no sólo son los legisladores quienes están en contra, sino también los gobernadores de los estados, mismos que podrían influir en que se rechace un proyecto de ley, puesto que ellos también tienen intereses políticos que cuidar.
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