Profepa clausura en BCS una mina ilegal de oro

Los habitantes de los poblados San Antonio y El Triunfo solicitaron al gobierno federal revisar dicho proyecto

El pasado 6 de septiembre, Profepa clausuró de manera “Definitiva Total” las actividades de explotación y beneficio mineral de veta

Tras 25 años de operación, en los cuales se llevaron a cabo varios procesos de supervisión y vigilancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descubrió que la mina La Testera, ubicada en la Paz, Baja California Sur, cuenta con un espacio subterráneo que se utilizaba para explotar diversos metales, como el oro, de manera ilegal.

Aunque el proyecto se remonta al año de 1994, fue hasta julio de 2009 cuando la empresa ingresó una manifestación de impacto ambiental luego de la cual se entregó la autorización en la que se establecieron varias condicionantes, como “un Estudio de Riesgo Ambiental para plantas en Operaciones Modalidad A”.

Pero hasta el mes de abril los habitantes de los poblados San Antonio y El Triunfo solicitaron al gobierno federal revisar dicho proyecto, bajo el argumento de que realizaba actividades sin los estándares de seguridad correspondientes, situación que derivó en una clausura por mal manejo de residuos peligrosos.

No obstante, las indagatorias al respecto las autoridades pasaron por alto que la empresa Mexxim S.A. de C.V., encargada de lamina, también se beneficiaba de la explotación de mineral de veta, es decir, que contaba con un área subterránea al interior de la mina.

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Fue personal de Profepa que al realizar una visita a la mina llevó a cabo una bitácora con anotaciones de las actividades internas de la misma, informó el Portal BCS Noticias.

En ellas, dan cuenta de las actividades de extracción de mineral de veta subterránea, sin embargo, la empresa no contaba con el permiso en materia de impacto ambiental necesario. 

Por ello, el pasado 6 de septiembre, Profepa clausuró de manera “Definitiva Total” las actividades de explotación y beneficio mineral de veta.

Asimismo, se iniciaron los procedimientos administrativos en contra de la empresa, los cuales resultan de los incumplimientos de la autorización expedida en 2009, así como por incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-141-SEMARNAT-2003 y NOM-155-SEMARNAT-2007.