La inseguridad es uno de los mayores problemas de México
Entre el visible fracaso de la reforma educativa, el alza en homicidios dolosos y el aumento de la pobreza, parece que la administración de Peña no logrará su “te lo firmo y te lo cumplo”
Por Juventino Montelongo
Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer que la economía de México caerá de lugar debido a la reducción del Producto Interno Bruto (PIB). Ahora estará en la posición número 16 a nivel mundial.
Destaca que el año pasado el PIB de la República estaba en la posición 15. Toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha mantenido rondando esos dos lugares, con el expresidente Felipe Calderón llegó a moverse dos posiciones más arriba, y en el periodo de Vicente Fox estuvo en el “top ten” a nivel mundial.
Durante la administración de Peña Nieto el país ha caído en diferentes aspectos, que gracias a la repetición de los mismos, parece que se van olvidando.
Además de los problemas económicos que se incrementaron en el actual sexenio, la inseguridad también aumentó.
El gobierno priísta de Peña Nieto trazó cinco ejes para mejorar a México dentro del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el primero de ellos era el llamado “México en paz”. Su idea era que “ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas”.
En contraste, tan sólo en marzo se registraron 2 mil 20 homicidios dolosos, la cual ha sido la cifra más alta desde que el expresidente Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. En enero hubo mil 930 casos, y en febrero mil 825.
Otros de los problemas de inseguridad que ha enfrentado el gobierno de Peña, han sido los secuestros, con 291 casos hasta marzo de este año; y los homicidios intencionales, que acumularon 5 mil 775 denuncias.
Al hablar sobre el rubro del “México incluyente”, planteado en el mismo Programa, la idea era “cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva”.
Pese a esto, el año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer un estudio en donde ubicaba a México entre los cinco países con más pobreza en América Latina, ya que el 46.2 por ciento vive en esta condición.
Esto se suma a las críticas hechas por diferentes organizaciones civiles y partidos políticos, ya que otra de las instituciones encargadas de dar a conocer cifras sobre la pobreza, como el Inegi, cuenta con una nueva integrante: Paloma Merodio, a quien acusan de ni siquiera cumplir con los requisitos básicos para ocupar el puesto de vicepresidenta del instituto.
“México con educación de calidad” es un apartado en donde el gobierno federal se comprometía a “implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo”.
Una de las mayores apuestas sobre la educación fue la llamada reforma educativa, cuyo costo de implementación fue de 9 mil millones de pesos.
Esta reforma no ha dado resultados claros, a pesar de que en 2014 el gobierno federal destinó 645 mil 500 millones de pesos al sector educativo de acuerdo al Centro de Investigación Económica y presupuestaria (CIEP).
Cuando la administración de Peña planeó el apartado “México próspero”, lo hizo en busca de detonar “el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica”, según dice la página web del Plan Nacional de Desarrollo.
En contraste, solamente durante el último año el precio del dólar ha aplastado al peso, al punto de llegar a costar más de 22 pesos con 25 centavos.
Además, este punto también busca “proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación que permita una competencia sana entre las empresas”. Pese a ello, el gobierno federal ha elegido a un par de empresas para realizar las obras más grandes y costosas como OHL, Grupo Higa, Seguritech, entre otras.
En repetidas ocasiones estas empresas se han visto involucradas en diferentes escándalos: desde adjudicaciones directas sin previa licitación con el gobierno, pactos con funcionarios públicos o incluso haberle construido una casa a Angélica Rivera, esposa del presidente Peña.
El quinto apartado, llamado “México con responsabilidad global”, habla sobre las políticas del gobierno de la República, el cual busca “defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México”.
Esta “defensa” de los intereses nacionales quedó relegada después de que el presidente Peña Nieto sostuviera una conversación con el mandatario de EU, Donald Trump. Ya que pese a que el gobierno mexicano calificó dicha llamada como algo positivo, el estadounidense no cedió ni un centímetro al asegurar que construirá un muro fronterizo más grande entre ambos países, el cual incluso tendrá que pagar México.
Para finalizar, este apartado dice que también se buscará “promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero”.
Sobresale que la difusión turística de México se ha quedado atrás en diferentes ocasiones, ya que Estados Unidos ha recomendado no viajar a varios estados, tan sólo a principios de este año pidieron evitar visitar Baja California, Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Michoacán por el alto índice de criminalidad registrado en el último año.
Respecto a lo de “velar” por los intereses de los mexicanos, las intenciones se quedan sólo en eso, ya que tras la llegada de Trump a la presidencia de EU, en menos de una semana cerca de 90 mexicanos fueron detenidos por la policía antiinmigrante, particularmente en los estados de Carolina del Norte, Georgia y la zona metropolitana de Los Ángeles.
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