El cardenal Donald Wuerl fue acusado de encubrir dichos abusos
“Los líderes de la Iglesia mantuvieron documentos sobre el abuso y el encubrimiento”, dijo Josh Shapiro, fiscal de Pensilvania
Al menos mil niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de centenares de sacerdotes católicos en seis diócesis de Pensilvania, Estados Unidos y las mismas autoridades eclesiales intentaron encubrir los abusos, así lo dio a conocer una investigación de la Fiscalía del mismo estado.
Josh Shapiro, fiscal General de Pensilvania, indicó que las indagatorias tuvieron una duración de dos años, en los cuales se pudo comprobar que hubo un encubrimiento sistemático por altos funcionarios de la iglesia en Pensilvania y el Vaticano.
En dicho reporte se detalló que, en un periodo de décadas, más de 300 miembros del clero cometieron abusos contra posiblemente “miles” de niños, ya que que algunos archivos se perdieron y las víctimas temían hacer denuncias.
“El encubrimiento fue sofisticado. Y mientras tanto, sorprendentemente, los líderes de la Iglesia mantuvieron documentos sobre el abuso y el encubrimiento. Esos documentos, de los propios ‘Archivos Secretos’ de la diócesis, fueron la columna vertebral de esta investigación”, explicó Shapiro en conferencia de prensa referida por la agencia AP.
En el reporte, una de las responsabilidades más significativas recaen sobre el cardenal Donald Wuerl, ex obispo de Pittsburgh que ahora encabeza la archidiócesis de Washington, a quien culpan de encubrir los abusos.
También se determinó que los obispos católicos y otros diocesanos trataron de defender a la Iglesia de una mala imagen pública y de demandas financieras al encubrir casos de abusos, por ello se negaron a denunciar casos ante la policía, mientras en otros persuadieron a las víctimas a que guardaran silencio sobre lo sucedido.
Al respecto, el cardenal Wuerl emitió un comunicado en el que dijo que “actuó con diligencia, con preocupación por las víctimas y para prevenir actos futuros de abuso”.
Cabe destacar que pese a las evidencias, el informe no garantiza que se otorgue justicia para las víctimas, ya que la gran mayoría de los curas identificados como abusadores ya han fallecido o no pueden ser procesados porque los delitos han prescrito.
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