Sector empresarial emprenderá acciones legales si suspenden obra del NAIM

Aseguraron que AMLO mintió al decirles que la consulta se apegaría a la legalidad

“Los abogados del sector privado en su conjunto evaluarán cuáles serían las rutas legales”, advirtió el presidente de Coparmex

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, anunció que la iniciativa privada prevé presentar recursos legales para contrarrestar la posible cancelación de la  construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

“En caso de que las decisiones que se tomarán por el presidente electo, una vez que esté en funciones, implicarán la cancelación del proyecto, los abogados del sector privado en su conjunto evaluarán cuáles serían las rutas legales, siempre en apego a la legalidad, para que el Estado de Derecho prive”, advirtió.

“No sólo hay derechos adquiridos de empresas contratantes, sino acciones de Gobierno. Una decisión que pretendiera cambiar estas resoluciones en caso de que se asumiere violentando el Estado de Derecho sería susceptible de ser combatida legalmente”, agregó.

De Hoyos aseguró que el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mintió cuando les dijo que la consulta popular sobre la ubicación de la nueva terminal aérea sería apegada a la legalidad.

“Andrés Manuel Lopez Obrador siendo candidato se comprometió a que de haber una consulta popular ésta sería con apego a la ley. Nos mintió. Esto no ocurrió”, explicó.

“Y, además, se comprometió a que si había recursos privados para que el Estado mexicano obtuviera reembolso de lo invertido para la construcción del proyecto, no tendría inconveniente. Nuestro llamado es a que honre la palabra y se tome una decisión congruente a lo que nos dijo a Coparmex”, subrayó.

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De Hoyos responsabilizó a López Obrador de cada peso que pierda el tipo de cambio en México y de los mil 500 millones de dólares de ahorros de los trabajadores si la obra se suspende, informó Reforma.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que la consulta, tal como fue organizada, no debe ser vinculante, ya que no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad, informó Reforma.

En tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que con esta consulta se manifestó la pérdida de confianza del sector empresarial.

“Dejar la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto en manos de un minúsculo porcentaje de la población mediante un proceso de consulta colmado de irregularidades, con un sesgo para que la opinión pública se dirigiera a considerar la propuesta del aeropuerto de Santa Lucia como la mejor opción a pesar de toda la evidencia técnica de que continuar con el aeropuerto en Texcoco es la mejor opción, comenzó a tener incidencia en los mercados ante la incertidumbre de las reglas del juego”, señaló el CEESP.