21 de marzo de 2015.- Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas mexicano (CIDE), demostró que las prisiones en México reflejan la debilidad que sufre el sistema judicial del país en cuanto a violencia, sobornos y falta de derechos en los reclusos.
El informe “Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional”, forma parte del proyecto internacional Poblaciones carcelarias en Latinoamérica, que analiza prisiones de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. Éste recoge información de 2013 y la compara con análisis de 2002, 2005 y 2009, y arroja un aumento en la corrupción en la actuación de las autoridades.
Los datos recopilados afirman que la mitad de los presos fueron golpeados en el momento de su detención para forzarles a cambiar su declaración y un 76% desconocían sus derechos a la hora de su juicio. Durante sus juicios, el 64% de los detenidos o pudieron hablar a solas con sus familiares y amigos y 59% no podía hablar con su abogado en la cárcel. 86% desconocía que tenía el derecho de pedir libertad condicional, Seis de cada 10 dieron su primera declaración frente a un juez, fundamental para sus sentencias, sin que estuviera un abogado defensor presente y 63% no fue informado de que incluso podía negarse a declarar.
Además, las denuncias de que la policía exigió el pago de una mordida (extorsión) a cambio de un trato preferencial se han duplicado en los últimos 10 años. Más del 80% asegura que las autoridades de la prisión exigieron a su familia dinero a cambio de que les llevaran comida al interior de la cárcel y el 57% solamente por entrar al penal. Los reclusos que han denunciado que algún policía les pidió dinero han crecido de un 36% en 2002 a 46% en 2013.
Seis de cada 10 de los internos en las prisiones del Distrito Federal y el Estado de México, la tercera aglomeración más grande del mundo según la ONU y que concentra a más de 20 millones de habitantes, han sido condenados por robo simple, la mitad por un monto de 11 mil pesos. Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres.
“Hay dos datos que muestran una preocupante descomposición. Uno, el incremento en los internos que han tenido evidencia de presos que han obtenido su libertad mediante pagos o influencias. El segundo es el aumento de los cobros indebidos”, indica la investigación.
En México solo se denuncian el 9,9% de los delitos.El 31% de los mexicanos cree que denunciar es una pérdida de tiempo y 65% de la población cree que los jueces son corruptos o se les puede corromper. Con justa razón, dos de cada tres mexicanos desconfían de la justicia.
Tortura en prisión
“La tortura es generalizada en México”, así lo describe el informe publicado el 9 de marzo por Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura. Para esto, la organización InSight Crime, señala que los niveles preocupantes de impunidad en estos casos siguen siendo tarea difícil, dado que aún no existen registros nacionales.
“Las Naciones Unidas presentan varias recomendaciones para combatir dicho problema, la mayoría de las cuales tienen que ver con hacer frente a las continuas y severas fallas en el sistema de justicia (…) En general, hacer un seguimiento de la tortura en México sigue siendo una tarea difícil, dado que aún no existen registros nacionales: cada estado mantiene un registro de denuncias, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, menciona InSight Crime, asociación dedicada al estudio principal de seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.
Explícitamente, el informe menciona la relación entre el uso de la tortura por las fuerzas de seguridad y la lucha del gobierno contra el crimen organizado, ya que las denuncias sobre torturas aumentaron notablemente después de que el gobierno del presidente Felipe Calderón arremetió contra los grupos criminales en 2007; también indica que la mayoría de las víctimas de tortura “son personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
Y como InSight Crime ha sostenido anteriormente, esta tendencia a arrestar personas para investigarlas pudo haber contribuido a mayores índices de violencia en el país, dado que los cabecillas criminales mexicanos no temen que el hecho de cometer actos inhumanos aumente sus expedientes y dé lugar a una sentencia de prisión más severa en caso de ser detenidos.
Por último y por su parte agrega que para mejorar su historial de torturas, México necesita enviar un fuerte mensaje a la policía, los militares y otros funcionarios de seguridad, de que dicha práctica no será tolerada y se controlará mediante investigaciones imparciales y rápidas, y, de ser necesario, con castigos.
Con información de Revolución 3.0
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