El verdadero negocio de estas plataformas es la venta de listas de correos electrónicos
“Este tipo de organizaciones o páginas, como change.org, por muy buena intención que tengan no tienen una repercusión más allá de la mediática”, considera un abogado y maestro de la UNAM
Por Juventino Montelongo
Change.org es una plataforma digital en donde las personas pueden hacer diferentes tipos de peticiones, ya sea para presionar a la Suprema Corte para que atraiga un caso, como acaba de pasar con la iniciativa del caso “Los Porkys”, o para buscar respaldo ciudadano en contra de alguna demanda o injusticia social.
Sin embargo, este tipo de peticiones carecen de validez jurídica, es decir, sólo se quedan en las buenas intenciones, ya que no son aceptadas por la ley.
Resalta que el verdadero negocio de esta plataforma es la venta de listas de correos electrónicos, el envío masivo de correos o servicios relacionados, lo cual es utilizado por organizaciones como Amnistía Internacional para obtener datos de posibles clientes.
“En México (las iniciativas) no tienen algún tipo de validez más allá de la mediática”, aseguró Álvaro Luna Pacheco, licenciado en Derecho por la universidad La Salle, maestro en Derecho y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México en licenciatura y posgrado.
Sin embargo, el abogado asegura que desde que se reformó el artículo 71, fracción 4 de la Constitución Federal, las iniciativas ciudadanas tienen valor dentro de la ley, aunque éstas sólo son para poder llevarlas ante el Senado de la República, quien decide si procede o no y si es necesario realizar algún cambio.
El proceso, señala Álvaro Luna, es largo, cansado y lleno de problemas burocráticos, ya que sólo para poder presentar una iniciativa, se necesita juntar el .13 por ciento de los electores que aparecen en la lista nominal del INE, cerca de 200 mil personas, quienes tienen que firmar la petición con su puño y letra, y lo deben acompañar de una copia de su credencial de elector, las cuales, finalmente tienen que ser avaladas por el mismo INE, quien revisa que no haya errores en las firmas, en las credenciales o que no haya duplicidades.
Además, existe otro problema.
Es común que muchos partidos o empresas compren bases de datos, las cuales pueden servir incluso para presentar este tipo de iniciativas sin el aval de las personas “firmantes”, sumado a que “el INE tampoco tiene el dinero, los recursos ni el tiempo para validar 200 mil firmas, para traer a 200 mil personas para que firmen de su puño y letra frente a un perito” y comprobar con pruebas caligráficas para saber si la firma es auténtica o no.
Por ello, “este tipo de organizaciones o páginas, como change.org, por muy buena intención que tengan no tienen una repercusión más allá de la mediática, que puede ser importante o no, no lo sé, dependiendo del tema. Sin embargo, más allá de ello no tienen ninguna influencia”.
Debido a esto, todo indica que estamos condicionados a seguir atenidos a lo que los legisladores quieran hacer o lograr con el voto popular, decidiendo qué es lo mejor para nosotros.
“Esto provoca que seamos víctimas de intereses que en muchas ocasiones no corresponden a lo que quieren las mayorías”.
El catedrático de la UNAM recordó que la mayoría de estas páginas, que tienen alcance a nivel internacional, no suben un proyecto de ley, suben una petición muy concreta o un reclamo llamativo.
Para Álvaro, el éxito de este tipo de páginas está en “qué tanto pueden vincular la petición o el reclamo con el sentimiento de los usuarios. A cualquiera de nosotros nos gustaría que nuestros hijos tuviera una buena educación, por lo que puede haber una iniciativa que diga que exista un mejor modelo educativo del que ya tenemos, pero si no decimos el ‘cómo’ no va a existir ningún eco”.
“Cualquiera quisiera que no existiera pobreza en el país, pero no por decirlo se va a realizar. Sin embargo, estas páginas obtienen popularidad porque quién va a decir que no, ¿quién no va a apoyar a una víctima de violación, a un niño huérfano?”.
Cabe recordar que las leyes en México sólo pueden ser iniciadas o propuestas por el Presidente de la República, diputados, senadores o por las legislaturas de los estados.
Por todo esto, las plataformas digitales que buscan “crear” un proyecto de ley sólo terminan sirviendo como una clase de medición para conocer la opinión pública sobre cierto tema.
Y lo peor: cuando alguien realmente tiene interés en modificar o proponer una ley, los mismos trámites hacen casi imposible que estas prosperen, por lo que al final, el futuro de los ciudadanos quedan en manos de los diputados o legisladores, quienes más que estar del lado de la sociedad, parecerían que primero privilegian sus intereses.
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