México

Tren Maya pasaría por ejidos de indígenas que no han sido indemnizados por décadas

Feb 21, 2019

El último tramo de la ruta del Tren Maya se encuentra en una zona que lleva más de 50 años en disputa

El Tren Maya es uno de los proyectos más grandes de la administración actual, misma que asegura llevará a cabo el proyecto de la mano de las comunidades indígenas por donde pasará el tren.

Sin embargo, miles de ejidatarios en Quintana Roo aseguran que antes de hablar de la construcción del Tren Maya el gobierno debe resolver una disputa de más de 50 años, pues esperan ser indemnizados por los terrenos que cruzan la carretera 307, donde se calcula se tenderán parte de los rieles para el ferrocarril.

Se trata de terrenos ubicados en lo que sería el ultimo tramo de los 1,525 kilómetros que recorrerá el Tren Maya, donde el gobierno federal les sigue adeudando a miles de ejidatarios el pago por el uso de sus tierras.

Desde la administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) en la que se construyó la carretera 307, hasta la de Enrique Peña Nieto (2012-2018) los pobladores aseguran que han sufrido la indiferencia del gobierno, el cual no cumplió con las reglas de expropiación y mucho menos con el pago a los afectados.

Según unaiinvestigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  en febrero de 2015 el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, ubicado de Chetumal, dio la razón a los ejidatarios y ordenó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, a cumplir con la ley y a corregir todos los errores. Básicamente, ordenar todo el proceso de expropiación e indemnización. Tal determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario, en su sentencia del 6 octubre de 2015.

Llegó 2018 con las campañas presidenciales y la presentación del proyecto del Tren Maya, mismo que empezó a tener más forma luego del triunfo de Andrés Manuel Lopez Obrador, sin embargo tal parece que su equipo desconocía los problemas de expropiación que se enfrentan en el sur del país.

De acuerdo con Pablo Careaga, encargado del Tramo Caribe del Tren Maya, se reunió con los ejidatarios de Chunyaxche, Quintana Roo, uno de los once ejidos que demandan indemnización y ofreció concertar una cita con el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, para ver de qué forma podría ayudarles a resolver los problemas.

La ilegalidad y abusos contra los pobladores han sido el sello que han dejado varias administraciones, pues la investigación de MCCI muestra que por décadas se escondió información a miles de ejidatarios acerca de sus derechos y beneficios.

Fue en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz cuando dieron inicio los trabajos de la construcción de la Carretera federal 307, pero la obra se extendió hasta el sexenio de Luis Echeverría en 1975.

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Los tramos carreteros se ubican al menos  en 15 ejidos con una población de origen maya, mismos que aseguran ni siquiera haber recibido un aviso por parte del gobierno para comenzar con la obra, pues de un día para otro la maquinaría empezó a horadar sus comunidades y a ocupar a sus jóvenes como albañiles en la construcción.

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Por si eso fuera poco, a los funcionarios se les olvidó expropiar e indemnizar los terrenos ejidales por donde cruzaría la carretera y en el Registro Agrario Nacional no hay expedientes que, cuando menos, den cuenta de los trámites para la expropiación de estos ejidos, ni mucho menos los decretos que por ley deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Nadie expropió, nadie pagó… y de ahí se formó una cadena de actos ilegales e injustos durante 50 años en contra de los indígenas que habitaban en dichos ejidos.

Resultado de las demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, distintos tribunales agrarios condenaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa realizar debidamente el procedimiento de expropiación, del pago y la indemnización por la ocupación ilegal de tierras ejidales, para la construcción y posterior ampliación de la Carretera federal 307.

Pero a pesar de que algunas sentencia salieron hace más de 10 años, a la mayoría de los ejidatarios no se les ha indemnizado, y a los que les han pagado ha sido una cantidad muy inferior al valor de sus tierras.

La situación ha sido complicada para los ejidatarios, pues los tramites legales implican gastos de traslado, pago de abogados y viáticos de quienes llevan cada caso, además de que muchos no cuentan con educación básica e incluso hay quienes apenas saben leer y escribir.

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Entre las denuncias están los avalúos ilegales de sus tierras, en las que se asegura que valen 4 centavos por metro, pretendiendo darles cantidades sumamente pequeñas por varias hectáreas de tierra.

El último acercamiento entre la SCT y los ejidatarios se dio el año pasado, sin embargo no se logró tener éxito, pues según los pobladores los términos y las condiciones que querían imponer las autoridades eran muy distintos a lo que ello habían solicitado, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo.

Luego del anuncio del Tren Maya, lo ejidatarios han vuelto a alzar la voz y exigir que su situación se resuelva, pues los tribunales resolvieron a su favor y aunque durante el proceso legal hubo cambio de gobierno, la nueva administración sigue obligada a informar sobre los procesos para la expropiación y a cumplir con el pago a los ejidatarios.

Feb 21, 2019