Al menos tres personas, de los 98 detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, han denunciado que fueron víctimas de tortura, aseguran integrantes la organización Amnistía Internacional (AI).
Se trata “tanto de policías municipales y personas vinculadas a la delincuencia organizada”, cuyos familiares se acercaron a AI para denunciarlo, dice en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización no gubernamental.
“Tenemos conocimiento de tres casos, pero eso no implica que sean los únicos. Sabemos que hay un grupo de padres de familia de los detenidos que están organizándose, que están intentando salir a la luz pública (pero) esperaremos sus tiempos”.
Afirma que el equipo de AI aún se encuentra en el proceso de documentación de los casos, toda vez que se trata de una “una alegación seria” en medio de un contexto en el que tortura es una práctica “sistemática” en México.
La denuncia cobra relevancia ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha basado el avance de las investigaciones en las declaraciones de los detenidos.
El 7 de noviembre pasado, el procurador Jesús Murillo Karam informó que tres integrantes del cártel Guerreros Unidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y posteriormente calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, aunque hasta el momento no hay resultados científicos contundentes que confirmen los dichos.
Hace dos meses, las autoridades mexicanas enviaron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, 16 restos humanos calcinados que fueron hallados en el río Cocula, los cuales presuntamente pertenecen a los normalistas que fueron atacados en un primer momento por policías municipales en Iguala, un municipio cercano, el 26 de septiembre pasado. En un informe presentado esta semana, los expertos dijeron que fue imposible identificar el perfil genético de los restos. Sin embargo, en diciembre dijeron que sí lograron identificar al estudiante Alexander Mora Venancio.
Aunque se pregunta a Quiroz si los denunciantes fueron torturados para conseguir alguna declaración, asegura que aún se encuentran en el proceso de investigación.
“No tenemos conocimiento de todo, pero cuando el procurador da esa conferencia de prensa y muestra a los jóvenes detenidos, varios de ellos claramente aparecen golpeados. No estamos diciendo que ellos sean porque no hemos tenido conocimiento, pero se levantan todas estas dudas en un contexto donde la tortura es usada sistemáticamente”.
Érika Guevara, directora de regional para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que ante esta sospecha, la PGR “tiene la responsabilidad de iniciar una línea de investigación seria frente a alegaciones de tortura como uno de los delitos y crímenes internacionales en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con cifras de las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 casos de maltrato. En tanto, la PGR, abrió 58 averiguaciones previas entre 2008 y 2011 por este delito, pero solo cuatro resultaron en acusaciones directas y no hubo ninguna en sentencia, revela el informe de AI.
Cuando se investiga un probable caso de tortura, se aplica el Protocolo de Estambul, un mecanismo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y mediante el cual se documentan los tratos recibidos y se entrega un reporte a las autoridades.
Tomado de Animal Político
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