La suspensión definitiva fue a favor de Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC)
La empresa fue contratada para la “difusión de programas sociales”, pero no prestó dicho servicio, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó el perdón a una empresa que cobró 223.4 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por servicios “fantasmas”, informó el diario Reforma.
La suspensión definitiva fue a favor de Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), la cual fue contratada para la “difusión de programas sociales”, pero no prestó dicho servicio, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La orden incluyó concluir el congelamiento de una cuenta bancaria para que sus propietarios puedan disponer de esos recursos, ya que revoca la negativa dictada en noviembre por un juez de Distrito.
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que incluyó a CDC en su lista de personas bloqueadas desde febrero de 2016, por sospechas de lavado de dinero, por lo que fue congelada la única cuenta de la empresa que se detectó en el sistema financiero.
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El pasado 11 de febrero de 2016 la UIF emitió la alerta mediante oficio 11/F/B335/2016, por el cual se ordenó a los bancos “suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio con CDC, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes, o disponer de los recursos que éstas contengan”.
Sin embargo, el pasado 15 de marzo, el tribunal declaró inconstitucional la facultad para congelar cuentas bancarias sin orden judicial de la PGR, y días después, el 27 de marzo, concedió a la firma una suspensión definitiva que le permite acceder a su cuenta.
“La sociedad no se ve afectada por la concesión de la suspensión definitiva a CDC, en razón de que el Estado, a través de las autoridades competentes para investigar infracciones penales, puede perseguir el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal (lavado de dinero)”, afirmó el tribunal.
CDC fue la beneficiaria final de dinero que la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en 2014 y 2015, y fue receptora “en tercer orden” del dinero público: RTH y el SQCS contrataron a otros proveedores que canalizaron los fondos a CDC.
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