No puede Enrique Peña Nieto bajar la incidencia delictiva relacionada con homicidios, tal como lo pregonó en la campaña presidencial en 2012 y en sus primeros meses de gobierno.
El Ejecutivo federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad, y que por lo tanto habría una hipotética “disminución” en los delitos que más aquejan a los mexicanos, como los homicidios tanto dolosos como culposos.
Ante la ausencia de datos duros que respalden los dichos de Enrique Peña Nieto, su gobierno prefiere encabezar una cruzada mediática repitiendo la misma perorata, aferrándose a la premisa: “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad”, que tanto les gusta a los propagandistas de los gobiernos totalitarios.
Tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, han comprado esa idea para repetirla hasta el cansancio en cuanto foro se presentan, para borrar por decreto a los muertos que aparecen todos los días en las zonas urbanas y suburbanas del cementerio mexicano, desde colgados hasta decapitados, desenterrados de narcofosas o encajuelados, incinerados y desmembrados, despellejados o hasta con el tiro de gracia.
Cuando el Ejecutivo federal acudió al Foro de Davos en enero de 2013 declaró que “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30% de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”. Y luego de plano Osorio Chong declaró el 29 de julio de 2014: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Esos han sido los relatos que los peñistas repiten en los días previos al Segundo Informe de Gobierno.
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