Los trámites se habrían realizado en contubernio con diferentes funerarias
Se encontraron datos incoherentes, como constatar muertes en una misma hora pero en diferentes alcaldías
Un grupo de médicos adscritos a la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México habría alterado más de mil 800 certificados de defunción de víctimas del Covid-19.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina indaga una red en la que participan funerarias, funcionarios y embalsamadores clandestinos que habrían participado de dichas alteraciones.
Estas modificaciones clandestinas se reflejaron en un subregistro de 10 por ciento de la mortandad a causa del nuevo virus.
Además, el grupo de involucrados en la alteración de certificados también habría estado involucrado en la falsificación de datos de varias muertes del sismo del 19 de septiembre de 2017.
La indagatoria señala que tras el terremoto de hace casi tres años, los médicos alteraban certificados de defunción mismos que vendían a familias que pagaban de entre tres mil y cinco mil pesos, para que estas cobraran diferentes tipos de seguros u obtuvieran apoyos de la administración capitalina.
Al menos 100 certificados de defunción se expidieron bajo esta modalidad en alcaldías como Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Coyoacán.
Los trámites se habrían realizado en contubernio con diferentes funerarias, ya que uno de los médicos involucrados, identificado como Irwing Baruxh “N”, es dueño de Embalsamadora Servicios Integrales, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, y que expidió las actas en ese año.
Esta empresa también expidió 120 certificados de defunción durante el mes de abril y otros 53 del 3 al 17 de mayo, en plena contingencia sanitaria por coronavirus.
En los recientes hechos se encuentran implicados ocho de 12 médicos, a los que se les señala por la modificación de estos documentos durante la emergencia derivada por el Covid-19.
De acuerdo con información referida por El Universal, los acusados también cuentan con otras carpetas de investigación en su contra.
Éstas se abrieron el 19 de junio y 6 de julio de ese mismo año, así como otras fechadas el 19 de julio, 23 de agosto, 5 de septiembre y en octubre de 2018.
Las funerarias implicadas llamaban a los médicos y vía telefónica se ponían en contacto con los familiares, quienes brindaban los datos generales de los fallecidos.
Esos datos se asentaban en los certificados, en los que colocaban una causa aleatoria de muerte, así como las horas que tenían de haber fallecido, pues en mínimas ocasiones acudían a ver los cuerpos.
Asimismo, se encontraron datos incoherentes certificados, como constatar muertes en una misma hora pero en diferentes alcaldías, lo que reveló tales irregularidades, según los peritajes de la FGJ.
Sobre las causas de las muertes, se encontraron diagnósticos que no corresponden a la muerte de una persona, pero que se asentaron como principal causa de fallecimiento.
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